El endurecimiento de la política de inmigración decretado por Donald Trump empieza a dejarse notar. Sorteando la acción de los tribunales, que ahora le sonríe, el presidente que prometió hacer del control de las fronteras uno de los ejes de su anunciado refuerzo de la seguridad, prevé que el próximo año, el primero completo de su mandato, entren en EE.UU. menos de 50.000 refugiados. Una considerable reducción, en comparación con los 110.000 que accedieron al país en 2016, el último que presidió su antecesor, Barack Obama. Aunque el descenso podría ir mucho más allá del que prevé la llamada «travel ban» firmada por Trump, hasta los 15.000 refugiados, si se impone la opinión de los asesores que defienden la línea más dura. En cualquiera de los casos, el próximo será uno de los ejercicios con un acceso más restringido desde 1980, cuando comenzó a aplicarse la Ley de Refugiados.

La inminencia de una decisión final, que deberá formalizarse antes del 1 de octubre, ha abierto un intenso debate en el seno de la Casa Blanca. Voces como las de Stephen Miller, uno de sus principales asesores y muñidor principal del máximo endurecimiento de la política de inmigración, junto a miembros del Departamento de Seguridad Nacional, presionan para que el número sea el menor posible. Su propuesta de reducción hasta un máximo de 15.000 refugiados cuenta con el rechazo del Departamento de Defensa y de la Secretaría de Estado, partidarios de una evolución a la baja mucho más moderada. La última propuesta formal de Seguridad Nacional, el departamento que lleva la voz cantante dentro de la Administración Trump, dejaría la cifra en un máximo de 40.000 refugiados, de acuerdo con la última reunión que mantuvieron con el presidente el pasado martes, según «The New York Times».

El mismo día, una decisión de la Corte Suprema volvía a sonreír al inquilino de la Casa Blanca, al seguir permitiendo a la Administración el cierre de fronteras a los ciudadanos de seis países musulmanes con terrorismo: Siria, Irán, Yemen, Somalia, Libia y Sudán. El máximo tribunal mantiene su decisión, a la espera de que se pronuncie definitivamente sobre la «travel ban», previsiblemente el próximo mes. Se calcula que su paralización inicial facilitó la entrada a unos 8.000 refugiados y que serían 24.000 los que posteriormente se han quedado fuera. Pero no hay cifras oficiales del cupo total con el que se cerrará 2017.

Trump también está recibiendo presiones para que el acceso de refugiados sea menos restringido. Hasta nueve organizaciones, la mayoría religiosas, intentan que el descenso no afecte a más de 75.000 personas.

La discusión se produce pocos días después de la decisión de Trump de suprimir el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protege a los indocumentados que entraron en EE.UU. cuando eran niños, desde que Obama firmara la orden ejecutiva en 2012. Trump ha dado un plazo de seis meses al Congreso para que normalice la situación de los 780.000 «dreamers» con una la ley.