El Gobierno de Puerto Rico se quedará sin fondos a finales de mes o principios de noviembre mientras se enfrenta a la devastación provocada por el paso del huracán María por la isla, donde destrozó infraestructuras y dejó 34 muertos.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció ayer que esa es la situación de las arcas públicas y que el Congreso de Estados Unidos debe proveer a la isla caribeña un paquete de ayudas financieras acorde con la situación por la que atraviesa el Estado Libre Asociado a EE.UU.

Rosselló subrayó que el único plan con que cuenta es la solicitud a las autoridades federales de asistencia, ya que de otra forma Puerto Rico podría situarse en una crisis humanitaria y se aceleraría el éxodo de puertorriqueños hacia Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo indicó que la magnitud de los daños por el paso de María podría sobrepasar los 95.000 millones de dólares, tras la visita del pasado martes del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la isla caribeña para apoyar al Gobierno local y los cerca de 10.000 miembros de agencias federales que trabajan sobre el terreno.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. deberá ahora analizar qué pasos se deben tomar para la recuperación de la economía de Puerto Rico.

El secretario de Hacienda de Puerto Rico, Raúl Maldonado, ya reconoció que dada la situación de emergencia que vive la isla tras el paso del huracán a finales de mes no habrá dinero, entre otras razones porque el proceso de recaudación se interrumpió por el desastre natural.

La situación es de gran gravedad, según Rosselló, ya que el huracán María destrozó las infraestructuras de la isla, que deben volver a estar operativas si se quiere que el país vuelve a funcionar.

Rosselló ha alertado además de que si Puerto Rico no recibe ayuda del Congreso de EE.UU. la población abandonará la isla rumbo a ese país, lo que provocará un problema demográfico.

El Gobierno de Puerto Rico está actualmente bajo el control de la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. (Promesa, por sus siglas en inglés) aprobada por el Congreso en Washington para abordar el pago de una deuda pública que la isla no puede afrontar que supera los 70.000 millones de dólares.